Un principio fundamental de cualquier sociedad democrática sostiene que los gobiernos y las entidades a los que se han confiado recursos públicos y la facultad de aplicarlos, tienen la responsabilidad de rendir cuenta plena por sus actividades. Esta rendición de cuentas debe identificar no sólo los objetos a los que se destinaron los recursos públicos sino también la manera y el efecto de su aplicación 1.
La importancia del control en las operaciones de la Administración pública ha evolucionado en forma pareja al grado de participación del Estado en la vida social y económica 2. Esto ocurre tanto en los países desarrollados, cuyos gobiernos están gastando más en programas económicos y sociales para redistribuir el ingreso, como en los países en desarrollo donde los gobiernos han participado activamente en el desarrollo económico. En ambos casos, la limitación de los recursos en juego impuso a los gobiernos la necesidad de asegurarse que sus programas lograran sus objetivos y que lo hicieran de la manera más económica y eficiente posible. En síntesis, los gobiernos deben dar valor pleno al dinero que les confían sus ciudadanos.3
La constante prédica de los especialistas en ciencias y técnicas de la administración moderna, las recomendaciones o conclusiones de seminarios, congresos y simposios internacionales, ha influido decisivamente para que muchos países resolvieran actualizar sus sistemas de administración financiera y de control público en procura de una mayor eficacia y eficiencia en su gestión, con miras a lograr un mayor bienestar para sus pueblos4.
Es que, así como el comportamiento administrativo está determinado en gran parte, por el tipo de controles bajo los que opera5, un Estado que desarrolla modernos y eficientes sistemas de administración financiera, que planifica y programa sus actividades y necesidades, y desarrolla adecuados sistemas de información administrativa, se encuentra en mejores condiciones para lograr un control eficaz de su gestión 6.
No obstante, sería importante que el cambio operado en los sistemas de control avance un paso más hacia la participación ciudadana de forma de comprometer al hombre común como factor dinamizante en la labor de control. Si pretendemos que el control público se constituya en una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción -que tanto daño causa al sistema y a la sociedad toda- debemos plantearnos la conveniencia de establecer adecuados canales de participación, a través de los cuales se genere un intercambio bidireccional que proporcione un beneficio recíproco, al realimentar el sistema y brindarle la necesaria legitimación social.
Hay que tener presente que los organismos de control comparten la misma racionalidad con la administración, como así también observar que los instrumentos de control tradicionales, tienden a perseguir el logro de un único valor, en consecuencia difícilmente evalúen los hechos desde la óptica del ciudadano. Un enfoque multidimensional del cambio que el control necesita, impone un abordaje igualmente múltiple, cuya problemática se encare no sólo desde la perspectiva normativa o administrativa, sino que capitalice el avance tecnológico y se sustente en la legitimación intelectual y social.7 En síntesis, si no funcionan canales de participación democrática mínimos y de control social, difícilmente los sistemas de control instituidos serán totalmente eficaces para prevenir y combatir la corrupción .8
Esta perspectiva lleva implícita la toma de conciencia por parte de los gobiernos con relación a que su rol, como agentes transformadores de la administración y a la vez responsables de su desarrollo global, los obliga a procurar el mantenimiento de su sistema ético y a asegurar una mejor respuesta a las exigencias de la sociedad en su conjunto 9.
¡Excelente visión!. Inmejorable. Roberto Leudesdorf
ResponderEliminar